¿Gobernaremos España, haremos que todos los españoles sean iguales ante la Ley o seremos una reata más de cabestros?

¿Gobernaremos España, haremos que todos los españoles sean iguales ante la Ley o seremos una reata más de cabestros?

Finalmente ya está asumida y ratificada por el Constitucional la ley que “le permite suspender por tiempo indefinido y sin posibilidad de recursos a cualquier cargo público que entienda que incumple sus autos y sentencias” como podría ser el caso de la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell.

“El magistrado ponente, Pedro García-Trevijano, explica en la sentencia que el hecho de que la Constitución no prevea un mecanismo para la ejecución de las sentencias del Tribunal no implica un desapoderamiento del Tribunal Constitucional de la potestad de ejecutar y velar por el cumplimiento de sus resoluciones”.

Esto, a las claras, quiere decir que el Constitucional no sólo puede hacer cumplir, sino que está directamente obligado a exigir el cumplimiento de sus sentencias. Lo contrario implicaría que el máximo garante de las leyes, prevaricaría de no obligar a su cumplimiento. Blanco y en botella. (El País, 03/11/2016) 

De ahí, mi pregunta inicial: ¿Que seremos capaces de hacer?

Desde ahora: Mas, Homs, Forcadell y otros secesionistas, pueden ser directamente suspendidos en sus funciones, por tiempo indefinido y sin posibilidad de recursos.

Esta nueva norma, no supone una inhabilitación del cargo público. Porque este cese de funciones durará, exclusivamente el tiempo necesario para hacer cumplir la resolución del Constitucional que haya sido desobedecida.

Ahora únicamente nos queda, como cuestión prioritaria para los ciudadanos –¿pero posible y deliberadamente olvidado por la judicatura?– la celeridad de los procesos pendientes y estancados alrededor de la Familia Pujol Ferrusola que lleva años con su eterna burla sobre los jueces catalanes, quizás seguros de que más que una de sus piezas dentales, les costaría aplicarle las Leyes sobre la deshonorable persona de Jorge Pujol y su forrada parentela.

¿Para cuándo?

Pero es justamente ahí donde falla otro pie inexcusable para la regeneración, en el tradicional sometimiento de la judicatura al poder político, cuando no también al poder económico. Sobre todo en los más altos tribunales. 

No existirá regeneración alguna hasta que sean exclusivamente los propios jueces y fiscales, sin mezcla de mal (políticos) alguno, –junto con abogados y otros funcionarios judiciales– los que elijan a esos altos tribunales: Constitucional, Tribunal Sopremo, Audiencia Nacional y sus delegaciones en las taifas, al igual que la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, única garantía que nos acercarían al Estado de Derecho.